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El fin de la autoridad

 11 jul 2017
Por: Ricardo Homs

La autoridad hoy en nuestro país se está diluyendo y conforme se empequeñece, crece la impunidad y con ello se fortalece la delincuencia y aumenta la violencia.

Parece ser que el gobierno, con apoyo de los poderes legislativo y judicial busca evadir su responsabilidad ante esta ola de criminalidad y violencia y trata de buscar soluciones mágicas que de modo simple resuelvan el problema, como es el “nuevo sistema penal acusatorio”, que en lugar de proteger al ciudadano y poner obstáculos para que se cometan delitos, encareciendo con penas más severas los delitos graves, hoy ofrece al delincuente oportunidades para que un buen abogado le ayude a burlar la ley y ser liberado.

Pensando mal, podríamos decir que hasta ofrece la oportunidad a los jueces para liberar delincuentes que paguen bien el soborno, simplemente apoyándose en la nueva legislación.

Incluso se pueden cometer intencionalmente errores en la detención para así poder liberar a los delincuentes poderosos económicamente.

Esto significa también que conforme pierden autoridad moral los jueces y todo el sistema de impartición de justicia, así como los cuerpos policiacos, por acusaciones de tortura y falta de respeto a los derechos humanos y además jueces y magistrados son cuestionados ante la opinión pública por sus abusos y excesos en cuanto a sus altas remuneraciones económicas, así como a prebendas, entonces se flexibiliza la ley y se crean mecanismos compensatorios como este nuevo Sistema Penal Acusatorio, que pretende liberar a los acusados ante el más débil argumento.

Este círculo vicioso de “autoridades no confiables y por contraparte presunción de abuso por parte de ella”, estimula la impunidad en beneficio de los delincuentes de verdad, bien asesorados por sus abogados para que denuncien tortura y sean liberados.

Hoy vemos en los noticieros como delincuentes peligrosos que hoy son atrapados, anteriormente ya habían estado en la cárcel poco tiempo y algún juez los había liberado. Por tanto, salieron a retomar su lugar en la banda delictiva a la que pertenecen para continuar con total impunidad su trayectoria delictiva.

Incluso ha sucedido con secuestradores, lo cual es irresponsable por parte de los jueces, pues pone en riesgo a las víctimas, ya que los delincuentes salen a buscar venganza contra quien les acusó. Así, ¿quien va a querer denunciar?.

En el contexto actual de violencia e impunidad que hoy vivimos, la nueva modalidad de permitir a los delincuentes negociar con sus víctimas nos pone a todos en estado de indefensión frente a los criminales, pues sus cómplices o sus familias extorsionan a la víctima para obtener su perdón.

Por ejemplo, la nueva legislación dice que “el Fiscal del Ministerio Publico, promocionará que las partes puedan solucionar la controversia, a través de un ACUERDO REPARATORIO, por medio de un FACILITADOR PENAL (Área de Justicia Restaurativa)”.

De verdad que es ridículamente ingenua esta cláusula, pues en otro país, con otra realidad jurídica, podría funcionar, pero no en el nuestro. 

En lugar de hacer más caro el delito y castigarlo con mayor fuerza, para desestimular la percepción de impunidad, este nuevo sistema hace más probable que el delincuente no pise la cárcel o sea liberado.

Se ha bajado el costo de delinquir, haciendo del delito un negocio muy rentable y atractivo.

Isabel Miranda de Wallace, la activista que preside la organización “Alto al Secuestro” criticó que el sistema penal actual es “hipergarantista, es decir, vela más por los derechos de los imputados que por los derechos de las víctimas”.

A su vez María Elena Morera, quien preside la organización ONG “Causa Común”, dice que “los policías están prefiriendo no hacer detenciones debido a la falta de certeza jurídica y capacitación para saber cómo proceder en las audiencias”. Agregó que “es necesario crear departamentos jurídicos que acompañen a los policías”, o sea que “al rato no vamos a tener quien detenga a nadie; ¿para qué te vas a exponer y encima termines tú como acusado?”,

El 19 de marzo el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio a conocer incremento en los 10 principales delitos de “alto impacto”, entre los cuales están el homicidio y robo en sus diversas modalidades.

A su vez, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, atribuyó dicho incremento “a que los jueces los dejan en libertad, por lo que salen a las calles y delinquen nuevamente”.

Incluso Mancera añadió que este nuevo sistema penal “lentifica la liberación de órdenes de aprehensión”.

Como conclusión de este análisis lo mejor que podríamos decir, es que concediendo que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio hubiese nacido con una buena intención de generar justicia, las buenas intenciones no siempre obtienen buenos resultados, sino que pueden empeorar las cosas.

Debe la sociedad exigir responsabilidades de este incremento de la delincuencia y la violencia al Poder Judicial y exigir que deje de operar el nuevo Sistema Penal Acusatorio hasta que sean evaluados sus resultados, en este tiempo que podríamos considerar que fue de prueba y habiéndolo analizado a profundidad, sean corregidas sus deficiencias.



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